Luego de tres años de tramitación parlamentaria y la posterior promulgación por parte del presidente Sebastián Piñera, este jueves 31 de enero se publicó en el Diario Oficial la ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, SERNAPESCA.
La Ley de Modernización de Sernapesca fue aprobada con un apoyo transversal en ambas cámaras, y tiene como finalidad fortalecer las facultades y herramientas de la entidad fiscalizadora para el control y combate de la pesca ilegal, estableciendo nuevas obligaciones para los agentes pesqueros, así como nuevas figuras infraccionales para sancionar conductas que atenten contra la sustentabilidad de los recursos pesqueros del país, especialmente en las denominadas “etapas de post captura”: procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización.
Asimismo, la Ley de Modernización de Sernapesca establece una mayor proporcionalidad de las infracciones y mejora los parámetros con que se calculan las multas para la pesca artesanal, bajando los montos y estableciendo penas alternativas como la mera amonestación, el trabajo comunitario y la reclusión nocturna, eliminando definitivamente la reclusión total.
PESCA DE SUBSISTENCIA
Otra de las novedades de esta nueva ley, es el reconocimiento formal de la denominada “pesca de subsistencia”, actividad definida como aquella extracción que se realiza sin artes o aparejos de pesca masivos, sin embarcaciones o sólo con embarcaciones de apoyo de hasta siete metros de eslora, cuyo resultado sea la cantidad necesaria para asegurar el consumo de la persona que la realiza y el de su familia.
En esta categoría, también se consideran las prácticas ancestrales de los pueblos originarios, siempre que cumplan con las mismas condiciones antes descritas.
Las personas y familias que practican la pesca de subsistencia están exentas de las obligaciones que tienen los pescadores que realizan pesca comercial, como estar inscritos en el Registro Pesquero Artesanal o declarar sus desembarques. Sin embargo, no podrá realizarse pesca de subsistencia en áreas de manejo, ya que estas destinaciones están asignadas exclusivamente a una organización de pesca artesanal.
Por el contrario, el nuevo cuerpo legal establece duras sanciones para la extracción ilegal desde áreas de manejo de recursos bentónicos. Quien esté inscrito en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) y realice pesca en estas destinaciones sin estar autorizado, arriesga la suspensión de sus derechos de pesca y zarpe por dos años, mientras que los que no cuenten con RPA arriesgan también una pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo, sumado al comiso de sus equipos, embarcaciones y vehículos.
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, destacó la promulgación de la ley, indicando que “permitirá que los funcionarios del Servicio puedan desarrollar sus tareas de mejor forma, pero, además, propiciará un avance sustancial en el combate contra la pesca ilegal: una de las prioridades fijadas para el sector por el Presidente Sebastián Piñera. La pesca ilegal genera daños múltiples. Golpea a quienes ejercen la actividad de manera honesta, vale decir a aquellas personas que cumplen rigurosamente con las normas. La sustentabilidad de los recursos se ve igualmente amagada, porque estas organizaciones vulneran las cuotas máximas de captura fijadas por ley. Junto con lo anterior, se configura un peligro sanitario, pues nadie se hace responsable por la calidad ni el estado de los productos que transan estas bandas. La entrada en vigencia de esta norma es, entonces, una muy buena noticia para el país”.
Por su parte, la Directora Nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo Lagno, valoró el apoyo transversal que tuvo el proyecto durante su tramitación parlamentaria, así como los diversos aportes que permitieron fortalecer y perfeccionar este nuevo cuerpo legal. En ese sentido, destacó que la ley de modernización establezca una asignación de fortalecimiento de la función pública para el personal de planta y a contrata del Sernapesca. “Esto representa un reconocimiento a la valiosa labor que cumplen nuestros funcionarios a lo largo de todo Chile, y que se suma a la posibilidad de incrementar significativamente nuestra dotación con 253 nuevos funcionarios, los que tendrán como única misión velar por la protección y la sustentabilidad de las actividades de la pesca y la acuicultura en nuestro país”.