La denuncia fue interpuesta ante Superintendencia del Medio Ambiente y a la fecha se estima que 5,7% de los ejemplares han sido recapturados
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura interpuso este miércoles una denuncia contra la empresa Marine Harvest Chile por posibles incumplimientos en el mantenimiento y seguridad de la infraestructura del centro Punta Redonda, ubicado en Isla Huar, donde se originó el escape de 690 mil salmones el 5 de julio debido al colapso de estas instalaciones durante el sistema frontal que afectó la región de Los Lagos.
La denuncia fue interpuesta ante la Superintendencia del Medio Ambiente y sostiene de acuerdo a lo recopilado preliminarmente por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura que el escape se pudo haber originado por incumplimientos en el mantenimiento de las condiciones de seguridad de las unidades de cultivo, transgrediendo el Reglamento Ambiental para la Acuicultura y las condiciones básicas para su funcionamiento.
La Subdirectora de Acuicultura de Sernapesca, Ruth Alarcón, precisó que la denuncia “se presenta por considerar que efectivamente puede haber un incumplimiento de la empresa respecto de las garantías de que las estructuras puedan resistir eventos como el que ocurrió”, y añadió que el viernes pasado se derivó un informe a la Superintendencia del Medio Ambiente a través del cual se recomendó la adopción de medidas urgentes y transitorias que la empresa deberá adoptar en el corto plazo.
MEDIDAS URGENTES
En el marco de esta medidas urgentes, Sernapesca sugirió:
Según la normativa ambiental vigente, todos los centros de cultivo de salmónidos deben disponer de módulos de cultivo y fondeo que cumplan condiciones de seguridad apropiadas para las características geográficas y oceanográficas del sitio concesionado. Asimismo, dentro de los instrumentos de calificación ambiental se contempla la obligación de las empresas a mantener en todo momento dichas condiciones de seguridad.
A la fecha, la empresa ha informado la recaptura del 5,7 % de los ejemplares escapados, proceso que es supervisado constantemente por equipos de Sernapesca quienes junto a la Armada y Carabineros supervisan el proceso de recaptura y realizan diversos controles en carreteras y zonas de pesca recreativa para prevenir la comercialización y consumo de estos ejemplares.
La Ley General de Pesca y Acuicultura establece un plazo de 30 días para que la empresa recupere al menos el 10% de ejemplares escapados, de no ocurrir aquello se presume la existencia de daño ambiental. En tanto, el tribunal ambiental puede aplicar sanciones que varían de 1 a 10.000 UTA, la revocación de la resolución de calificación ambiental y/o clausura temporal o definitiva del centro de cultivo.